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“HCE: LA DIGNIDAD DEL PACIENTE. UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS”.

Estimados, cordial saludo. Espero que les agrade este trabajo de mi autoría presentado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, en el 2015. Gracias por el espacio.

“HCE: LA DIGNIDAD DEL PACIENTE. UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS”.

 

 AUTORA: Romina Florencia Cabrera. Abogada egresada de la UNLP (Argentina). Investigadora-Docente en la UBA (Invitada de la Especialización en Derecho Informático), y en la USAL (Maestría en Ciencia de la Legislación). Miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos; del Instituto de Derecho Constitucional y Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y de otras instituciones Científico -Académicas. Reconocimiento Internacional de Dignísima Jurista por la Universidad de Trujillo, Perú. Directora Internacional de Seguridad Informática. Directora de la  Dirección Internacional de Seguridad Internacional de procedimientos policiales y ASCASEPP (Asociación de Capacitacion de Seguridad Pública y Privada, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Madrid, España, bajo el Número 591967). Autora de diferentes publicaciones, entre ellas “La ciencia jurídica y el cambio social: El rol de los Colegios de Abogados frente a los nuevos desafíos del ejercicio profesional”, “El dilema ético del ejercicio profesional. Dificultades y desafíos”, “Las redes sociales y el impacto en la vida cotidiana”, “La internet como Derecho Humano”, etc.

 

E-MAIL: romicabrera83@gmail.com

 

RESUMEN: Los Derechos Humanos están basados en el valor y dignidad de la persona humana. Establecen Derechos y protegen libertades de la comunidad, consagradas dichas seguridades en los Tratados Internacionales, de concepción universal. El hombre nace y muere libre, sujeto obviamente a derechos y obligaciones en su vida civil. Pero esa autonomía de la voluntad, lo hace dirigir los actos de su propia vida (sin que sus acciones perjudiquen a un tercero), y elige opciones en el camino de su existencia. La salud es un Derecho que todo ser vivo debe gozar; pero el modo en el cual el hombre, (poseedor del libertad,  capacidad de discernimiento y voluntad), pueda ejercer ese Derecho, y exigir que se respeten sus decisiones con respecto a su propio cuerpo (o mente en algunos casos), concibe una amplitud de la concepción tradicional sobre la Medicina y las Relaciones Jurídicas.

 

 

 

ÍNDICE

 

 

INTRODUCCIÓN:

 

La sociedades evolucionan, y de este modo, la civilización va fortaleciendo lazos con su medio, y por esa razón, se adapta a los cambios que van trasformando a la época en que a cada ser humano le toca vivir ( Como decía Heráclito, “no nos bañamos dos veces en el mismo río”); un tiempo y un espacio determinado. Somos una luz en la eternidad dirían los sabios…

La ley 26.529, conocida como de "derechos del paciente", enumera como "derechos esenciales del paciente en su relación con los profesionales de la salud, los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate", la autonomía de la voluntad, la información y el acceso a la documentación clínica, así como, entre otros, la preservación de su intimidad (art. 2º). En general la ley reconoce derechos que habían sido declarados por la jurisprudencia, pero que no aparecían expresamente regulados, salvo el denominado "consentimiento informado",  exigido para la ablación de órganos, pero no para otras prácticas terapéuticas quirúrgicas.[1]

 

La historia clínica es el documento por excelencia en el ámbito de la atención sanitaria. La ley 26.529 define a la historia clínica como "el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud (art. 12) e incorpora la posibilidad de la historia clínica informatizada (que ya se estaba implementando en algunos establecimientos). Es requisito que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, deben restringirse los accesos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad, delegando en la reglamentación establecer la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designar a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. (art. 13). [2]

 

 

 

 

DESARROLLO:

DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EN NUESTRO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL

 

Los Derechos Humanos se basan en el valor y dignidad de la Persona Humana. Así lo establece la Convención de Viena. Nuestro País, recepciona la jerarquía de Dichos Derechos plasmados en los Tratados Internacionales del Art. 75 inciso 22 de la Carta Magna.

 

La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales se pone de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por los mismos casi todas las organizaciones internacionales con competencia en la materia. Ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones Unidas, UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, o, más recientemente, la Unión Europea o el Consejo de Europa, entre muchas otras, han impulsado declaraciones o, en algún caso, han promulgado normas jurídicas, sobre aspectos genéricos o específicos relacionados con esta cuestión. En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia de la Declaración universal de derechos Humanos (1948), que ha sido el punto de referencia obligado para todos los textos constitucionales promulgados posteriormente o, en el ámbito más estrictamente sanitario, la Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa [3], aparte de múltiples declaraciones internacionales de mayor o menor alcance e influencia que se han referido a dichas cuestiones.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina, 1997[4], a diferencia de las anteriores declaraciones es el primer instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscriban. Establece un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina. El Convenio trata explícitamente, con detenimiento y extensión, sobre la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, persiguiendo una armonización de las legislaciones en estas materias.

Este Convenio, al enumerar en sus considerandos iniciales las normas internacionales relacionadas con sus fines, se refiere expresamente al Convenio 108/1981, sobre Protección de Datos Personales, lo que revela la vinculación entre el derecho a la información sobre su salud que tiene el paciente, el derecho de acceso a su historia o expediente clínico, y la acción de acceso o hábeas data informativo, cuando se le niega el conocimiento de aquella.[5]

 

 

 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

 

Antes de la sanción de la ley 26.529, la ley 25.326, denominada "Ley de Protección de Datos Personales y Hábeas Data" no había contemplado en forma sistemática ni la confidencialidad ni las vías de acceso a los datos de salud, y por supuesto, que tampoco existía una normativa que regulara las características y contenidos de la historia clínica.[6]

La normativa internacional que hemos reseñado y la propia ley 25.326 establecen el carácter "sensible", es decir, merecedor de un tratamiento particular o especial, de los datos de salud de las personas.

En particular, aquellas enfermedades que, como el sida o la convivencia con el VIH, tienen grave potencialidad discriminatoria sólo deben registrase con métodos de codificación o encriptamiento que restrinjan al máximo posible su acceso por personas que no sean el concernido o quienes éste autorice expresamente por escrito. Lamentablemente, aun cuando en el caso del VIH-SIDA esto esté expresamente contemplado por la ley 23.798 (Adla, L-D, 3627) y su decreto reglamentario, es notorio su incumplimiento en numerosísimos ámbitos, y la ley 25.326 no ha contribuido a mejorar este panorama.

Como habíamos señalado en otra oportunidad, el art. 8º LPDP [7] debió ser más precisa, teniendo en cuenta los antecedentes del Derecho comparado e, incluso, la legislación específica referida a ciertos datos de salud, como la ya citada ley 23.798.

La Directiva Europea 45/1996 establece como principio general que "... los datos que por su naturaleza puedan atentar contra las libertades fundamentales o la intimidad no deben ser objeto de tratamiento alguno, salvo en caso de que el interesado haya dado su consentimiento explícito"; y agrega que "... deberán constar de forma explícita las excepciones a esta prohibición para necesidades específicas, en particular cuando el tratamiento de dichos datos se realice con fines relacionados con la salud", por parte de personas físicas sometidas a una obligación legal de secreto profesional, o para actividades legítimas por parte de ciertas asociaciones o fundaciones cuyo objetivo sea hacer posible el ejercicio de libertades fundamentales.

Sin embargo, se admite que cuando lo justifiquen "razones de interés público importante" los Estados parte pueden hacer excepciones a la prohibición de tratar categorías sensibles de datos en sectores como la salud pública y la protección social, particularmente en lo relativo a la garantía de la calidad y la rentabilidad, así como los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen del seguro de enfermedad, la investigación científica y las estadísticas públicas. Pero para ello es necesario prever las garantías apropiadas y específicas a los fines de proteger los derechos fundamentales y la vida privada de las personas.

El art. 8º de la Directiva 45/1996, referida al "tratamiento de categorías especiales de datos", expresamente indica a los Estados miembros que prohíban el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad. Es decir, los universalmente conocidos como "datos sensibles". Similar disposición ha reproducido el art. 7º ley 25.326 (Adla, LX-E, 5426).

También habíamos advertido que la diferencia entre la legislación española de Protección de Datos y la nuestra residía en que la primera contenía una más detallada regulación sobre el tratamiento de los datos de salud, y una ley especial como la 14/1986, General de Sanidad, cuyo art. 10 reconocía que todos los seres humanos tienen, con respecto con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical; a la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso; a la confidencialidad de toda información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público; a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se aplique pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud (en todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario); a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en los casos en que la no intervención suponga un riesgo para la salud pública; o cuando no esté capacitado para tomar decisiones (en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas); o cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

El paciente, según la ley española, tiene derecho a que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. También puede pedir que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria. Puede negarse al tratamiento, excepto en los casos prohibidos por la ley debiendo, para ello, solicitar el alta voluntaria. También tiene derecho a que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario en una institución hospitalaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su informe de alta; a utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan; a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en la ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los centros de salud; a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o establecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado.

Si bien todos los datos personales referidos a enfermedades deben ser registrados con severas restricciones de acceso por parte de terceros, existen algunos supuestos que han sido motivo de una preocupación particular, como es el caso del SIDA o la convivencia con VIH, por su grave potencialidad discriminatoria.

Prueba de ello es que la legislación argentina sólo admite que se conserven en registros elaborados con métodos de codificación o encriptamiento, restringiendo al máximo posible su acceso por personas que no sean el concernido o quienes éste autorice expresamente por escrito.

En una excelente investigación llevada a cabo por Sandra Wierzba [8] se afirma que se ha considerado que "... en la historia de las epidemias no ha existido una que conllevara tamaña carga de estigmatización y exclusión como el VIH-SIDA, destacándose que luego de más de quince años de evolución, continúa atacando cada vez con mayor virulencia a los sectores más desprotegidos, llegando a considerarse como una enfermedad de la pobreza". [9]

"Las prácticas discriminatorias se observan en las más variadas áreas de la vida de las personas afectadas y sin distinción de geografías. Parecen surgir de una combinación de factores que rodean al virus: su carácter contagioso; el hecho de que la infección en muchos casos se asocia a conductas culturalmente reprobadas como las que supone la vida sexual promiscua o el consumo de drogas por vía endovenosa; y la generación de una enfermedad de larga latencia, que se instala en forma silente, con evolución a cuadros de gran compromiso físico-psíquico hasta un desenlace que hasta hace poco tiempo, resultaba casi siempre fatal.

"Ello sin duda justifica la existencia de una protección especial a la confidencialidad para aquellas personas que conviven con el virus, con el fin de evitar los efectos dañosos de las citadas prácticas discriminatorias y de exclusión, consagrada en legislación, que generalmente también es especial". [10] "Más cabe aclarar que el citado derecho a la protección de datos personales puede ser objeto de renuncia por parte de los interesados. De hecho, pueden existir razones especiales por las que la persona o personas legitimadas prefieran la difusión de las identidades protegidas". [11]

La resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1997/33, referida a la protección de los derechos humanos de las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y con el síndrome de inmunodeficiencia [12], efectuó una serie de recomendaciones a los Estados miembros de las que destacamos, por su relación con el objeto de este trabajo, la directriz quinta, en cuanto recomienda a los Estados "velar por el respeto de la vida privada, la confidencialidad y la ética en la investigación en que participen seres humanos".

La protección de la confidencialidad de datos correspondientes a pacientes con VIH/SIDA es un denominador común en la en la legislación comparada latinoamericana sobre el tema, que presenta principios comunes que pueden sintetizarse del siguiente modo: confidencialidad de los datos relativos a la condición de paciente con VIH.-SIDA; las excepciones al principio general se fundan especialmente en el cuidado de la salud del propio afectado y en la prevención del contagio a terceros; notificación de información con fines estadísticos y epidemiológicos, que no debe afectar el principio de confidencialidad (se trasmite encriptada o codificada).

 Datos de salud y protección de datos

Además de los supuestos de VIH-SIDA, toda información referida a la salud de una persona física merece un doble nivel de protección. Como dato personal en sí, en su tratamiento, lo que implica su recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general todo tipo de procesamiento, electrónico o no, debe sujetarse a los principios de calidad, consentimiento e información.

El principio de calidad del dato, establecido en el art. 4º LPDP., exige que los datos sean "... ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido".

El principio de información, establecido en el art. 6º LPDP., señala que: "Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos".

Asimismo, si bien el art. 5º inc. 2 exime del requerimiento previo del consentimiento, cuando se trate de información que derive de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento, como por ejemplo sería el caso de los resultados de los exámenes médicos a que debe someterse un trabajador en virtud de lo establecido por el art. 31 inc. 3 ap. d ley 24.557 de Riesgos de Trabajo (Adla, LV-E, 5865), habría que compatibilizar esta disposición con el art. 7º LPDP. Esta norma claramente indica que "... ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles".

Acá se presenta una situación dilemática, ya que en el art. 2º LPDP. se incluye a los datos de salud entre los datos sensibles y por lo tanto se les debería aplicar el principio recién señalado. Pero es cierto que el art. 8º LPDP. dice que: "Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional".

Los "profesionales vinculados a las ciencias de la salud", son -en principio- los enunciados en la ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina, pero en dicho texto no se regula expresamente el "secreto profesional", que es parte de una figura penal (art. 156 Cód. Penal).[13]

 

 

 

 

NUEVOS PARADIGMAS ANTES IMPENSADOS

La realidad nos expone nuevas tendencias que en un mundo más tradicional (con todo respeto a la palabra), serían improbables de legislar y de recibir la garantía de seguridad jurídica que nos brinda la Constitución Nacional, la Ley Fundamental, como el Matrimonio Igualitario, Fertilidad Cruzada, Adopción de parejas del mismo sexo, Democracia Directa a través de Redes Sociales, Ciudadanía 3.0, Eutanasia, y un tema de Bioética que me llamó particularmente la atención, cuando mi papá Héctor Cabrera, también abogado y Profesor ( y de origen griego de familia, para tal vez fundamentar nuestro interés por la Ciencia ) , me mostró con mucha curiosidad una noticia sobre el primer implante de cabeza, a realizarse en el  2017.  El programador ruso de 30 años Valeri Spriridónov, que sufre de atrofia muscular espinal, se ha convertido en el primer candidato para someterse a un trasplante de la cabeza. Mientras el anuncio ha causado polémica y desconfianza en la comunidad médica, el cirujano italiano Sergio Canavero, que se prepara para llevar a cabo esta operación sin precedentes, asegura que la operación es viable. El primer paciente potencial que se someterá a un trasplante de cabeza se comunica por Skype con el cirujano italiano Sergio Canavero, que llevará a cabo la operación. Según él, quienes sufren atrofia muscular espinal tienen prioridad en la selección de pacientes para este tipo de operación.

Spiridónov se puso en contacto con el profesor hace dos años, tras conocer su investigación por Internet. La familia del programador apoya su decisión, aunque son conscientes del alto riesgo de muerte después de la cirugía. "¿Que si tengo miedo? Sí. Pero también interés", expresa el programador de la ciudad rusa de Vladímir. "Este experimento es un gran avance [científico]. Es equivalente al vuelo de Gagarin. Objetivamente, no tengo los recursos materiales para pagarlo, pero estoy dispuesto a entregarme a la ciencia", señala Spiridónov.[14]

Esto llevará a los debates éticos, religiosos, y filosóficos, no solo científicos: también abre la puerta a la controversia de la Criogenia.[15]

No digo  que estas cuestiones son buenas o malas, de ninguna manera estoy  otorgándole un calificativo moral;  no soy quién para juzgar a nadie… solo humildemente pretendo buscar soluciones y respuestas jurídicas a los problemas que pronto nos estarán invadiendo..o no…tal vez algunos queden en la fantasía….

En la era Digital, con la Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Historia clínica tiende a ser digitalizada. Por ende, experimentará los fenómenos del soporte digital en reemplazo del soporte papel; la firma digital y el big data. Por ende, se deben tomar todos los recaudos necesarios para que esa información tenga la seguridad informática que corresponde, y que todos los agentes intervinientes en el cuidado y registro de los ficheros que contienen la Historia Clínica Digital, cumplan con los recaudos establecidos por las leyes locales y por las normativas internacionales, con la debida diligencia y ética. La era Digital implica un sinnúmero de relaciones jurídicas, sociales, educativas, culturales, políticas y de todo tipo, antes impensadas…todo ello inmerso en el mundo de las llamadas Redes Sociales, donde un dato inadecuado puede menoscabar los derechos civiles conquistados por una persona, o en el caso de un tercero. La reputación on line, hoy en día, es más importante a la hora de, por ejemplo, conseguir un empleo, que el mismo cv o la entrevista personal ( yo no estoy de acuerdo con ello totalmente, pero que se le va a hacer..Es la realidad y hay que aceptarla y adaptarse a ella de la mejor manera posible). También puede incrementar prácticas discriminatorias de determinados grupos contra otros, ya se étnicos, sociales, religiosos, etc., por una filtración de información, mal tratada y sin recaudos.

           

 

 

 

 

CONCLUSIONES:

El paciente debe ser tratado como una persona, con dignidad y valor de la persona humana, y no como una cosa, sin emociones ni capacidad de decisión. Debe valorarse ante todo su opinión, sea técnicamente válida o no, y solo realizar tratamientos o intervenciones con su consentimiento (con el debido proceso de comunicación de información) ; y ante una urgencia, con la autorización de un pariente o persona más cercana, y solo si no se encontrara a estos actores sociales, realizar acciones solo para salvar la vida del paciente.

Se deben respetar las disposiciones legislativas y las garantías constitucionales, y sobre todo, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que poseen jerarquía constitucional. En la era Digital, con la Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Historia clínica tiende a ser digitalizada: por ende, se deben tomar las precauciones necesarias en materia de seguridad informática, para evitar incidentes de vulnerabilidad informática, que pongan en peligro la información sensible del paciente, objeto que excede  este trabajo.

 

REFLEXIONES FINALES:

 

La vida y la muerte son eternos temas complejos. Cada sociedad y persona los elabora como puede y quiere...Ahí está el respeto a las creencias religiosas y filosóficas; la tolerancia y el respeto hacia las opiniones de los demás es fundamental para un convivir realmente libre, democrático y que tienda al bien común. Por eso, cada individuo, único e irrepetible en este mundo, debe tomar las decisiones que prefiera respecto a su salud; a su calidad de vida y al fin de su vida, si su sufrimiento lo agobia ( de acuerdo a sus creencias religiosas o no, y a su conciencia)…oyendo por supuesto consejos médicos  de expertos que lo orienten positivamente  a su mejoría.  Se deberían trabajar estos temas en conjunto de una manera más integrada: paciente-médico-entorno familiar y social; para que con el debido diálogo y el entendimiento entre todos los actores sociales, se pueda conseguir una sociedad más justa, equilibrada, equitativa, libre  y con verdadera igualdad estructural (real), donde el respeto a las concepciones democráticas, que establecen  los DDHH concebidos por la Comunidad Internacional, sean verdaderamente respetados y promocionados. No solo ya como reglas jurídicas a seguir…sino como prácticas sociales y éticas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

CAHN, P., BLOCH, C. y WELLER, S., "El sida en la Argentina. Epidemiología, subjetividad y ética social", 1999, Ed. Arkhetypo

MAGLIO, Ignacio, "Guías de buena práctica ético legal en VIH.-SIDA.", agosto de 2001, Ed. Arkhetypo, pp. 83/84.

 

 

MOLINA QUIROGA, Eduardo. “Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente”. LA LEY 26/08/2013..

MOLINA QUIROGA, Eduardo, Los datos de salud en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, SJA 28/4/2004.

 

 

 

 



[1] Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente

Molina Quiroga, Eduardo

LA LEY 26/08/2013, 1

 

[2]  Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente

Molina Quiroga, Eduardo

LA LEY 26/08/2013, 1

 

 

[3] Promovida por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (1994).

[5]   Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente

Molina Quiroga, Eduardo

LA LEY 26/08/2013, 1

 

[6] Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente

Molina Quiroga, Eduardo .LA LEY 26/08/2013, 8.  MOLINA QUIROGA, Eduardo, Los datos de salud en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, SJA 28/4/2004.

 

 

[7] "Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional".

[8] WIERZBA, Sandra M., "Protección de datos de salud en procesos judiciales. Transparencia judicial y confidencialidad de datos de litigantes con VIH.-SIDA.: ¿existe oposición entre tales principios?".

[9] CAHN, P., BLOCH, C. y WELLER, S., "El sida en la Argentina. Epidemiología, subjetividad y ética social", 1999, Ed. Arkhetypo.

[10] MAGLIO, Ignacio, "Guías de buena práctica ético legal en VIH.-SIDA.", agosto de 2001, Ed. Arkhetypo, pp. 83/84.

 

[11] En este sentido, cabe mencionar el caso Ostrovsky-Piana (en la justicia argentina tramitó bajo la carátula "Ostrovsky, M. y Piana de Ostrovsky, N. Su .querella", Juzg. 1ª. Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 4, Secretaría No. 113, causa 62700). Se trató de una causa en la que se investigaron presuntas responsabilidades por contagio del virus VIH a la novia de un joven hemofílico, que adquiriera el virus por vía sexual, y luego falleciera. Sus padres hicieron una amplia difusión del caso y de la identidad de su hija, entre otras razones, como forma de reparación del daño causado, y en recuerdo de la memoria de la joven, que había solicitado en un precario testamento, que se hiciera justicia por lo sucedido.

[12]  Ver texto en httop://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/SHIV-AIDS.htm/

[13] Derecho a la información de la salud y hábeas data específico. Derechos esenciales del paciente

Molina Quiroga, Eduardo .LA LEY 26/08/2013, 9 y 10.

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