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CORRUPTION AS A VIOLATION OF human rights, focus and perspective.

Sorry if my work is in Castilian.

CORRUPCIÓN COMO VIOLACIÓN DE DDHH, ENFOQUE Y PERSPECTIVA.

                                                             Romina Florencia Cabrera, Abogada –Academia.

                                                             UNLP-UBA-USAL.                         

Como decía el insigne jurista alemán Radbruch (1956)[1] debemos “dar a nuestra sociedad no un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.” https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/2016/06/04/romina-flor...;

Desde finales del siglo XX, se alzan distintas voces doctrinales que postulan la necesidad de superar, ampliar o complementar el sistema judicial penal, (por ejemplo, tomando de base al  español), regido por el principio de legalidad y de justicia retributiva. En este sistema, los poderes públicos están obligados a actuar procesalmente cuando tienen noticia de la comisión de unos hechos delictivos, además de estar fundados en la pena y en el castigo al culpable, se pretende incluir lo que se conoce como justicia restaurativa (Subijana Zunzunegui, 2013)[2], ésta desarrolla una función de prevención, apuesta por una mayor atención a las víctimas, por espacios de comunicación entre víctima y victimario, y se rige en su caso, por el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal.

Estos últimos años, especialmente en América Latina, los temas de corrupción han estado en la boca de la opinión pública y han sido protagonistas de diversos debates y divisiones en la sociedad. La gobernabilidad permite que estos temas dejen de ser prohibidos y permitan un sano y positivo[3] tratamiento para mejorar las políticas públicas de que es destinario final el ciudadano, el soberano. La democracia la realizamos y consensuamos entre todos.

La corrupción es un asunto tratado por las instituciones financieras, agencias gubernamentales, agencias de financiación bilaterales, organizaciones internacionales, organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y los profesionales del desarrollo. Se han comprobado empíricamente las causas de la corrupción y sus impactos en el nivel de desarrollo humano. Se han investigado las instituciones y los procedimientos administrativos. Los países han negociado y han firmado tratados

internacionales contra la corrupción. El Programa Global contra la Corrupción

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha

actuado como un catalizador que ayuda a los países en la implementación de

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC). Transparencia Internacional (TI) y otros actores sociales han creado un gran forum para la discusión y la defensa contra la corrupción en sus variadas formas; ha surgido una coalición internacional de ONGs que desafía a la corrupción “desde abajo”. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un reto. A pesar de incontables  diagnósticos de políticas, de campañas públicas para crear conciencia y de las reformas institucionales y también legales para mejorar la administración pública, las investigaciones muestran que la corrupción continúa floreciendo.

De hecho, las encuestas de opinión sugieren que el público es ahora más pesimista que antes ante la posibilidad de su erradicación. El combate contra la corrupción requiere de esfuerzos colectivos potentes, desde diversos sectores de la sociedad que actúen en forma coordinada. [4]

VÍNCULO

Si se  analiza los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos

suponiendo que, si la corrupción surge donde existe la inclinación y la oportunidad, un enfoque desde los derechos humanos puede ayudar a minimizar las oportunidades para el comportamiento corrupto y posibilitar que aquéllos que son corruptos puedan ser capturados y sancionados debidamente. Este enfoque de derechos humanos también centra la atención en las personas que por su vulnerabilidad tienden a sufrir una desventaja desproporcionada cuando son víctimas de la corrupción, brinda un enfoque de género y ofrece pautas para el diseño y la implementación de políticas anticorrupción.

Si se demuestra que la corrupción viola los derechos humanos puede influir

en aumentar el apoyo público anticorrupción. Si los individuos son más conscientes del daño que la corrupción causa a los intereses públicos e individuales y toman conciencia del daño que pueda ocasionar hasta la menor forma de corrupción, estarán más dispuestos a apoyar las campañas y los programas para prevenirla. Esto es importante porque, a pesar de la fuerte retórica, el impacto político de la mayoría de los programas anticorrupción ha sido bajo.

La identificación de los vínculos específicos entre la corrupción y los derechos

humanos puede convencer a los actores claves (funcionarios públicos, parlamentarios, jueces, fiscales, abogados, empresarios, banqueros, contadores,

los medios y el público en general) para que encaren con mayor rigor la corrupción. Esto puede suceder incluso en aquellos países donde referirse a los derechos humanos puede ser un asunto sensible.

Los estándares de derechos humanos, como se establecen en los principales

tratados internacionales y las legislaciones nacionales, imponen obligaciones

a los Estados. Un análisis de derechos humanos específicos ayudará a identificar quiénes pueden legítimamente reclamar cuando ocurren actos de corrupción y proteger a aquéllos que sufran perjuicios a causa de ellos. Una comprensión clara de las conexiones prácticas entre los actos de corrupción y los derechos humanos puede empoderar a quienes tienen reclamos legítimos para exigir sus derechos contra la corrupción y puede ayudar a los Estados y a otras autoridades públicas para que respeten, protejan y cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos a todos los niveles.

 En los últimos sesenta años, luego de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), se han creado muchos mecanismos para buscar la responsabilidad de los Estados y de los individuos en caso de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, además de mecanismos judiciales, los informes parlamentarios son instrumentos importantes en muchos países, igualmente el monitoreo de la sociedad civil que es cada vez más amplio en muchos países. Las instituciones intergubernamentales también se han desarrollado y además de los mecanismos principales de las Naciones Unidas ahora encontramos una serie de mecanismos regionales como la Corte Europea de Derechos Humanos (CtEDH), la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACtHPR) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es igualmente significativa la evolución de las instituciones nacionales de derechos humanos.

Cuando los actos de corrupción se vinculan a las violaciones de los derechos

humanos, todas estas instituciones pueden actuar para buscar la responsabilidad en caso de actos de corrupción y así disminuir los incentivos de la corrupción. Aunque los mecanismos de derechos humanos no sustituyen a los mecanismos tradicionales contra la corrupción —principalmente, a la justicia criminal— estos mecanismos pueden dar visibilidad a los casos de corrupción, pueden forzar a un Estado a que emprenda acciones preventivas o pueden disuadir a los funcionarios corruptos de un mal ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, pueden ayudar a crear conciencia y tienen un efecto persuasivo.

 El sistema de los derechos humanos enfatiza el deber de dar protección prioritaria a los grupos vulnerables y desventajados contra abusos. Así, los derechos humanos tienen principios transversales —en especial, los relativos a no-discriminación, la

participación y la responsabilidad— que buscan empoderar a aquéllos que

se encuentran en una situación de desventaja. El sistema de los derechos

humanos requiere que los Estados apliquen seriamente estos principios. [5]Las comunidades no deben ser consultadas en forma superficial, por ejemplo. Se les debe permitir y estimular una participación activa en los esfuerzos para combatir la corrupción. Desde el punto de vista de los derechos humanos los gestores de políticas públicas deben preguntarse de qué manera el diseño o la implementación de los programas anticorrupción afectarán a las personas marginadas, o víctimas de discriminación social o en desventaja en algún otro

aspecto. Adherirse a los principios de los derechos humanos implica identificar

y superar obstáculos (tales como diferencias lingüísticas y culturales, racismo y

discriminación de género) que hacen que estas personas sean especialmente

vulnerables a la corrupción. Aunque pareciera existir acuerdo en que la corrupción tiene impactos concretos específicos en los grupos más vulnerables o desventajados de la sociedad, la incorporación de criterios de vulnerabilidad [6]y género en el diseño de los programas anticorrupción es aún limitada y excepcional. Utilizar plenamente los derechos humanos puede ayudar a fortalecer estas dimensiones de las políticas públicas. El principio de no-discriminación puede ser, especialmente, útil como guía para alcanzar este objetivo.

De conformidad con los tratados internacionales contra la corrupción, las medidas anticorrupción deben ser compatibles con los principios de los derechos humanos y no deben afectar los derechos de aquéllos que estén implicados. Sin embargo, los tratados ofrecen muy pocas orientaciones sobre cómo los funcionarios públicos deben conciliar su compromiso para combatir la corrupción con su obligación para promover y proteger los derechos humanos. Analizar los programas anticorrupción desde una perspectiva de derechos puede ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en el diseño e implementación de las leyes y los procedimientos para investigar y sancionar los casos de corrupción.

REPARACIÓN

Existen varias instituciones y mecanismos que se pueden utilizar para responsabilizar a los Estados por sus políticas y por sus acciones. Los mecanismos nacionales incluyen aquéllos provistos por las Instituciones Nacionales Derechos Humanos (INDH) y los informes parlamentarios. Los mecanismos internacionales incluyen aquéllos provistos por las Cortes Internacionales de derechos humanos a nivel regional tales como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, cada una de las cuales puede ayudar a proteger a los defensores anticorrupción cuando sus derechos se vean afectados. Además, siempre que se puedan establecer vínculos claros entre los actos de corrupción y las obligaciones de derechos humanos los mismos mecanismos se podrían utilizar para hacer que rindan cuentas aquéllos que incurran en actos de corrupción. Los mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como los órganos de tratados y los procedimientos públicos especiales no pueden sustituir, pero sí complementar, el papel esencial de la acusación penal. Además, los mecanismos de derechos humanos pueden ayudar a los defesores para salvar algunos obstáculos legales que impiden la acusación penal en el plano nacional. Algunas prácticas corruptas no son, necesariamente, ilegales en algunos países. En estos casos podrían utilizarse mecanismos de derechos humanos para buscar la responsabilidad del agente corrupto. Por ejemplo, en muchos sistemas judiciales, el nepotismo y el favoritismo político no se consideran como actos incluidos en el concepto de corrupción, en términos estrictamente legales y, por lo tanto, no son prohibidos por la ley. Sin embargo, tales prácticas pueden resultar en una violación al derecho a la participación política o al derecho al acceso equitativo al servicio público. En estos casos, fundamentándose a través de la violación de los derechos humanos y utilizando los mecanismos de derechos humanos, podrían abrirse vías para combatir dichas práctica[7]s y crear ética y conciencia, legando un mensaje de bien común a las futuras generaciones.

 

 

 



[1] Radbruch, G., Rechtsphilosophie. 5' Edition. Stuttgart, 1956, pa?g. 269. Ruiz Sierra, Joana, “Víctima y Mediación penal”; Sitio web: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10.... Fecha de la Consulta: 9/6/206.

[2] Véase a Subijana Zunzunegui, I.J., “El significado innovador y la viabilidad de la justicia terapéutica, restaurativa y procedimental en nuestro Ordenamiento Jurídico”, Cuadernos penales José María Lidón, núm. 9, 2013, págs. 21-58, que añade a la justicia restaurativa, la justicia terapéutica y la justicia procedimental. Ruiz Sierra, Joana, “Víctima y Mediación penal”; Sitio web: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10.... Fecha de la Consulta: 9/6/206.

 

[3] “ La corrupción y los DDHH, estableciendo el vínculo”. International Council on Human Rights Policy.  Sitio web: http://www.ichrp.org/files/reports/52/131_report_es.pdf . Fecha de consulta del sitio: 9/6/2016.

[4] “La corrupción y los DDHH, estableciendo el vínculo”. Op. Cit.

[5] La corrupción y los DDHH, estableciendo el vínculo”. Op. Cit.

 

[6] La corrupción y los DDHH, estableciendo el vínculo”. Op. Cit.

 

[7] La corrupción y los DDHH, estableciendo el vínculo”. Op. Cit.

 

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